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Un juez de Bogotá negó la solicitud para reabrir una investigación penal relacionada con presuntas irregularidades en contratos de transporte aéreo de Ecopetrol que involucraban al expresidente de la compañía Ricardo Roa y a otras personas. La decisión mantiene, por ahora, el archivo que había ordenado la Fiscalía General de la Nación en agosto de 2025.

El expediente surgió a partir de cuestionamientos sobre procesos de contratación de servicios de helicópteros por parte de Ecopetrol y sus filiales Cenit y Ocensa. La empresa Helicol sostuvo que en esos procesos habría existido un presunto favorecimiento hacia la compañía Helistar y planteó posibles restricciones a la libre competencia. Esas afirmaciones formaron parte de la denuncia y no equivalen a una declaración judicial de responsabilidad.

La Fiscalía había dispuesto el archivo de la investigación el 22 de agosto de 2025, al considerar que los hechos analizados no configuraban las conductas penales denunciadas. Posteriormente, Helicol solicitó que el expediente fuera desarchivado y aportó argumentos con los que buscaba que continuara la indagación.

El asunto llegó al Juzgado 65 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, que después de una audiencia de dos días concluyó que no se habían presentado elementos materiales nuevos suficientes para modificar la decisión inicial de la Fiscalía. El despacho consideró que el archivo había estado precedido de una investigación seria y que no se justificaba ordenar la reapertura del caso.

Durante el trámite, la Fiscalía y las defensas señalaron que buena parte de la información presentada para solicitar el desarchivo ya había sido conocida y valorada previamente. También cuestionaron que algunos soportes correspondieran a publicaciones periodísticas que, por sí solas, no constituían evidencia material nueva dentro del proceso penal.

La empresa denunciante sostuvo una posición diferente. Sus representantes consideraron que la investigación debía continuar y cuestionaron el análisis efectuado por la Fiscalía. Helicol había acudido previamente a una acción de tutela debido a las demoras para resolver su solicitud de desarchivo, y un juez había ordenado realizar una audiencia para que se tomara una decisión de fondo sobre esa petición.

Es importante precisar que aquella decisión de agosto no ordenó reabrir directamente la investigación penal. Lo que hizo el Juzgado 49 Penal del Circuito fue ordenar que se realizara la audiencia en la que debía resolverse la solicitud de desarchivo. Posteriormente, en septiembre, el juez de garantías resolvió esa petición y decidió mantener cerrado el expediente.

Sin embargo, la controversia judicial no necesariamente termina con esa determinación. Helicol y la Procuraduría apelaron la decisión, por lo que la discusión sobre el archivo puede continuar ante una instancia superior.

El caso de los helicópteros debe distinguirse de otros procesos judiciales relacionados con Ricardo Roa. En marzo de 2026, la Fiscalía le imputó en otro expediente el delito de tráfico de influencias de servidor público; Ecopetrol aclaró entonces que una imputación no constituye una condena y que se mantiene la presunción de inocencia.

Roa terminó su gestión como presidente de Ecopetrol el 30 de julio de 2026, según información divulgada oficialmente por la compañía ante autoridades del mercado de valores.

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