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La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a Fredy José Puche Causil, juez Promiscuo de Familia del Circuito de Cereté, Córdoba, a 32 meses de prisión por el delito de prevaricato por omisión, luego de concluir que no garantizó la práctica de una prueba genética de ADN que era determinante dentro de un proceso de filiación. La decisión revocó una absolución que había sido dictada previamente a favor del funcionario.

El proceso se remonta a 2011, cuando Eduardo Enrique Espinosa Molina acudió a la justicia con el propósito de obtener el reconocimiento judicial de su filiación respecto de Carlos Espinosa Milanés, conocido como “Caldereta”, quien ya había fallecido. Debido a esta circunstancia, dentro del trámite se dispuso inicialmente la exhumación del cuerpo para obtener las muestras necesarias y realizar el examen genético.

Aunque la prueba de ADN había sido ordenada, finalmente no se practicó. De acuerdo con lo establecido por la Corte, el expediente regresó al despacho judicial en marzo de 2016 y el juez no adelantó todas las actuaciones necesarias para hacer efectiva la diligencia, entre ellas las gestiones relacionadas con Medicina Legal y la coordinación de la exhumación. A pesar de que la prueba seguía pendiente, el proceso continuó y se practicaron otras actuaciones probatorias.

En abril de 2016, el funcionario cerró la etapa probatoria sin que se hubiera realizado el examen genético y, posteriormente, en mayo del mismo año, profirió sentencia desfavorable para el demandante al considerar que no se encontraba acreditado el vínculo de filiación. Para la Corte Suprema, esta situación resultaba especialmente relevante porque precisamente la prueba pendiente podía ser decisiva para establecer la relación de paternidad discutida.

El alto tribunal sostuvo que la responsabilidad del juez no se agotaba con ordenar formalmente la prueba. En los procesos de filiación, la legislación impone al funcionario judicial el deber de adoptar las medidas necesarias para procurar que el examen genético efectivamente se practique, salvo que exista una imposibilidad absoluta para realizarlo. La Corte concluyó que, en este caso, no estaba demostrada una imposibilidad de esa naturaleza.

La Sala también descartó que la ausencia de la prueba pudiera atribuirse exclusivamente al demandante. Según la información conocida sobre la decisión, la parte interesada había advertido al despacho que el examen de ADN continuaba pendiente antes de que se profiriera sentencia.

Para la Corte Suprema, la omisión tuvo consecuencias concretas sobre la administración de justicia, pues el proceso terminó con una sentencia que posteriormente tuvo que ser anulada y fue necesario rehacer parte del trámite. El tribunal consideró que la conducta superó una simple irregularidad administrativa y configuró el delito de prevaricato por omisión.

Además de los 32 meses de prisión, Puche Causil recibió una multa equivalente a 13,33 salarios mínimos mensuales y una inhabilitación de 60 meses para ejercer derechos y funciones públicas. También se dispuso la pérdida de su cargo como juez.

La sentencia de segunda instancia fue incluida por la propia Corte Suprema en su calendario de audiencias de septiembre de 2026, bajo el radicado 23001609905020160061001, con ponencia del magistrado Diego Eugenio Corredor Beltrán.

El caso pone nuevamente sobre la mesa la importancia de las pruebas científicas en los procesos de filiación y el deber de los jueces de garantizar que las diligencias indispensables para resolver una controversia no se queden únicamente en órdenes formales, especialmente cuando de ellas depende el reconocimiento jurídico de relaciones familiares.

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