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La Superintendencia Financiera de Colombia abrió investigaciones relacionadas con el traslado de recursos desde las Administradoras de Fondos de Pensiones privadas hacia Colpensiones, correspondientes a personas que aprovecharon la oportunidad excepcional de cambio de régimen y que ya consolidaron su derecho pensional.

Según la Superfinanciera, los recursos involucrados ascienden a aproximadamente $8,7 billones, correspondientes a 32.803 afiliados que ya consolidaron su derecho a pensión. De ese grupo, 24.331 personas ya estaban recibiendo su mesada a través de Colpensiones al momento del anuncio de las investigaciones, realizado el 13 de mayo de 2026.

El origen de la controversia está relacionado con la llamada oportunidad de traslado prevista en la reforma pensional, que permitió a determinados afiliados próximos a cumplir los requisitos de jubilación cambiar entre el régimen privado y el régimen administrado por Colpensiones bajo condiciones especiales. Para quienes realizaron ese traslado, también debía producirse el movimiento de los recursos acumulados en sus cuentas individuales.

El Gobierno expidió el Decreto 415 del 20 de abril de 2026 para reglamentar la forma y los plazos en los que las AFP debían transferir esos recursos. La norma establecía, entre otros aspectos, que debían trasladarse tanto el capital acumulado como los rendimientos financieros generados hasta la fecha efectiva de la transferencia.

Sin embargo, el proceso quedó atravesado por una controversia judicial. El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 415 de 2026, mediante decisiones adoptadas el 28 de abril y el 11 de mayo. Como consecuencia, quedaron suspendidas las reglas específicas que el Gobierno había establecido para ejecutar esas transferencias.

Esta situación produjo interpretaciones diferentes sobre el alcance de las obligaciones de los fondos privados. Desde Colpensiones, su entonces presidente, Jaime Dussán, sostuvo públicamente que la suspensión del decreto no eliminaba la obligación legal de trasladar los recursos de las personas que efectivamente habían cambiado de régimen. Esa posición corresponde a la interpretación de Colpensiones y fue objeto de debate jurídico.

Por su parte, la suspensión del decreto generó cuestionamientos sobre si las AFP podían continuar efectuando los traslados mientras no existiera una regulación vigente que precisara el procedimiento. La Superintendencia Financiera señaló que las investigaciones permitirían establecer las decisiones correspondientes dentro de sus competencias de supervisión y, al mismo tiempo, proteger los derechos de los consumidores financieros y la estabilidad del sistema.

La discusión involucra además montos considerablemente superiores si se observa el conjunto de personas acogidas a la oportunidad de traslado. Distintas autoridades y sectores políticos han debatido cifras cercanas a $25 billones asociadas al universo más amplio de recursos que eventualmente deberían movilizarse entre los fondos privados y Colpensiones. Esa cifra no debe confundirse con los $8,7 billones específicamente mencionados por la Superfinanciera en las investigaciones de mayo.

La Procuraduría también había expresado preocupaciones frente a la regulación expedida por el Gobierno, señalando que los recursos pensionales tienen una protección especial y que cualquier traslado debe garantizar los derechos de los afiliados.

El caso se desarrolla en medio de una transformación profunda del sistema pensional colombiano y de un debate sobre la administración de los ahorros de millones de trabajadores. A enero de 2026, Colpensiones reportaba más de 7,15 millones de afiliados, mientras continuaba aumentando el número de personas que habían utilizado los mecanismos de traslado desde los fondos privados.

La apertura de las investigaciones de la Superintendencia Financiera no equivale, por sí misma, a una declaración de responsabilidad contra las administradoras privadas. Se trata de actuaciones de supervisión dirigidas a determinar qué ocurrió con los recursos pendientes, cuáles eran las obligaciones aplicables en cada momento y si existieron incumplimientos susceptibles de sanción.

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