Colombia continúa enfrentando importantes retos de seguridad y construcción de paz en varias regiones del país, especialmente en territorios donde persisten disputas entre grupos armados ilegales, economías ilícitas y una presencia institucional limitada. En 2026, la Defensoría del Pueblo ha mantenido alertas tempranas activas en numerosos municipios por riesgos relacionados con homicidios, desplazamientos, confinamientos, reclutamiento de menores y ataques contra comunidades. Defensoría
Departamentos como Cauca, Chocó, Norte de Santander, Nariño, Putumayo y algunas zonas de Antioquia continúan concentrando buena parte de las preocupaciones. En Popayán, por ejemplo, la Defensoría emitió en agosto de 2026 la Alerta Temprana 018, que advierte riesgos tanto para la población urbana como rural debido a la actuación de grupos armados ilegales y estructuras criminales interesadas en controlar corredores estratégicos que conectan el Cauca con Huila, Nariño y Valle del Cauca. Defensoría
En Chocó, la situación también continúa siendo compleja. La Defensoría advirtió en mayo sobre posibles confrontaciones entre el ELN y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia en el municipio de Atrato, en un contexto marcado por el control de rutas del narcotráfico y rentas derivadas de la minería ilegal. Estas dinámicas ponen en riesgo a poblaciones rurales que históricamente han sufrido confinamientos, desplazamientos y restricciones a la movilidad. Defensoría
Uno de los principales desafíos sigue siendo que los problemas de seguridad no son iguales en todas las regiones. Mientras algunos territorios enfrentan disputas directas entre organizaciones armadas, otros sufren extorsiones, economías criminales, reclutamiento de jóvenes o una débil presencia institucional. Por ello, organismos nacionales e internacionales han insistido en la necesidad de adoptar respuestas diferenciadas según las características de cada territorio.
La Misión de Verificación de las Naciones Unidas ha señalado que la violencia sigue concentrándose especialmente en zonas donde existen vacíos de seguridad, gobernanza y desarrollo. Según los informes presentados ante el Consejo de Seguridad, las disputas por el control territorial y las economías ilícitas continúan afectando la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. Naciones Unidas ha insistido en que superar estos problemas requiere acciones sostenidas que combinen protección de las comunidades, presencia estatal, oportunidades económicas y desarrollo rural. Security Council Report
La situación humanitaria es otro elemento central. La Defensoría informó que entre 2017 y lo corrido de 2026 se habían registrado 1.002 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 394.839 personas. Asimismo, señaló que permanecían vigentes 120 alertas tempranas territoriales, con cobertura sobre 396 municipios y 15 territorios indígenas de los 32 departamentos. Defensoría
A estos problemas se suman nuevas formas de violencia. Entre enero y mayo de 2026, la Defensoría registró 121 ataques mediante sistemas aéreos no tripulados —drones—, que dejaron 21 personas fallecidas y 145 heridas. El uso de estas tecnologías refleja una transformación en las capacidades de los grupos armados y plantea nuevos desafíos para la protección de las comunidades y la Fuerza Pública. Defensoría
La construcción de paz territorial, sin embargo, no depende exclusivamente de las actuaciones militares o de seguridad. Experiencias comunitarias en departamentos como Chocó, Caquetá y el sur de Bolívar muestran que las organizaciones locales también han desarrollado mecanismos de protección, diálogo humanitario, producción agrícola y fortalecimiento comunitario para enfrentar escenarios de violencia. Institute for Integrated Transitions
El desafío para Colombia consiste, por tanto, en combinar seguridad, justicia, desarrollo social y presencia institucional. Las diferencias entre las regiones hacen difícil aplicar una única estrategia nacional. Las condiciones de Cauca, Chocó o Catatumbo, por ejemplo, requieren respuestas adaptadas a las dinámicas locales y a las necesidades de las comunidades.
A casi diez años de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, el panorama muestra avances junto con dificultades persistentes. Naciones Unidas considera que la implementación integral del acuerdo continúa ofreciendo herramientas para abordar problemas estructurales como la desigualdad rural, la falta de oportunidades económicas y la debilidad institucional en territorios históricamente afectados por el conflicto.
